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martes, 23 de junio de 2009

INVITACIÓN AL FESTEJO DEL DÍA DEL ABOGADO.

INVITACIÓN.

El Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, A.C. tiene el honor de invitar a su distinguida persona, familiares y amigos, al Desayuno que con motivo del Día del Abogado, organiza el sábado 11 de Julio de 2009, a las 9:00 horas a.m., en el Salón Acapulco del Hotel Calinda Beach.

La cuota de recuperación por persona es de $130.00 pesos.

Puede solicitar sus boletos a los correos electrónicos:

colegiodeabogados_guerrero@yahoo.com.mx

vsanchezcarbajal@hotmail.com

Mucho les agradeceremos su puntual asistencia.


Atentamente.
Por el Comité Directivo.

Lic. Victoriano Sánchez Carbajal.
Presidente del Colegio de Abogados del
Estado de Guerrero A.C.
Fundado el 12 de Julio de 1967.

Aportación del Licenciado Adrián García Fierro, Socio distinguido del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.

Señores Abogados y demás lectores:


Agradezco a nuestro Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, A. C., Lic. Victoriano Sánchez Carbajal, brindarnos este espacio para ventilar públicamente nuestras opiniones entre los diversos actores que en varias formas participamos en la realización, o su intento al menos, de la justicia, porque el intercambio de opiniones que llevaremos a cabo permitirá, a la postre, conocernos o reconocernos a nosotros mismos, punto de partida para determinar las causas de los problemas que nos impiden cumplir nuestro cometido común, y emprender las acciones idóneas para su solución.

Bajo la premisa antes dicha, y aclarando que no me impulsa la frustración por no haber podido acceder (no “accesar”, conste) al notariado, dado que ni siquiera he presentado la solicitud respectiva, expondré el asunto que nos trae a los Corredores Públicos, pero no en su aspecto superficial, ampliamente conocido, de aparente “pleito gratuito” entre Corredores y Notarios, no, sino las verdaderas causas o factores intervinientes en la conformación del caso que nos ocupa: históricas, jurídicas, económicas, políticas, de la condición humana y hasta de derechos humanos.

a) FACTORES HISTÓRICO-JURÍDICOS: El REGLAMENTO DE CORREDORES PARA LA PLAZA DE MÉXICO, vigente a partir del 1° de noviembre de 1891, (1° de enero de 1890 inició su vigencia el Código de Comercio), estatuía que los Corredores de Bienes Raíces podían intervenir en los contratos, actos y operaciones de compra, venta, permuta, hipoteca y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas. A su vez, el artículo 60 derogó el REGLAMENTO DE CORREDORES vigente a esa fecha.

Asimismo, el ARANCEL DE LOS CORREDORES TITULADOS DE LA PLAZA DE MÉXICO, vigente a partir de su publicación el 17 de mayo de 1921, estatuía en su artículo 1° los honorarios que los CORREDORES TITULADOS deberían cobrar en las ventas de fincas rústicas y urbanas, terrenos, caídas de agua, ferrocarriles, fundos mineros, imposiciones a censo consignativo o con hipoteca, etc. La fracción V del artículo 13 derogó el arancel precedente.

De lo anterior se desprende indubitablemente: que la existencia de la Correduría es anterior a la vigente Ley Federal de Correduría Pública, de 29 de diciembre de 1992; la intervención de los CORREDORES como fedatarios en materia inmobiliaria, y que tal intervención data de antes de la vigencia de nuestro Código de Comercio, el cual, en aras de la congruencia legislativa, consigna en su artículo 75 que la ley reputa actos de comercio las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con propósito de especulación comercial; las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (que estatuye las obligaciones con garantía hipotecaria, los Certificados de Participación Inmobiliaria, el Fideicomiso, el crédito refaccionario con garantía inmobiliaria); cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en dicho Código, y que en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. Si el lector recuerda qué leyes estaban vigentes antes de las citadas, convendrá con nosotros que la Correduría llegó con los conquistadores, por lo que, la vigente LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA Y SU REGLAMENTO, no creó sino refundó la Correduría sobre nuevas bases, privando a la Correduría de su inveterada intervención como fedataria en operaciones inmobiliarias ¿por qué?

Antes de contestar la interrogante anterior, diré que como consecuencia de la revolución, se paralizó el comercio y se dificultó el nombramiento de nuevos Corredores, y como no existe el “espacio vacío”, fueron paulatinamente substituidos por los Notarios, a la vez que con “carácter excepcional” por no ser su función originaria, se les facultó en las leyes mercantiles emergentes a intervenir en actos específicos de comercio, lo que tras 70 años de “gobiernos revolucionarios”, originó que las excepciones legislativas se convirtieran, ilícitamente, en regla y que los Notarios constituyeran una élite política, más que un gremio profesional de fedatarios, dado que por lo general fueron nombrados a capricho entre los miembros de la “clase política” y del círculo íntimo del gobernante en turno.

Así las cosas, cuando el Proyecto de Ley de Correduría Pública, hoy ley vigente, llegó al Congreso, los Notarios-legisladores insertaron en la fracción V del art. 6° de la Ley, la frase “... excepto en tratándose de inmuebles ...”, la cual ha generado un efecto de círculos excéntricos, semejante al ocasionado por una piedra al caer en agua mansa, o a las consecuencias de minar los caminos y campos de labor, que después de terminada la guerra siguen causando muerte y destrucción. Son pues, efectos de acción retardada y expansiva. ¿Por qué?, lo explicaremos a continuación.

b) FACTORES POLÍTICO-JURÍDICOS Y DE LA CONDICIÓN HUMANA. Porque como ya dije, el notariado es más que nada una élite política, cuyos integrantes han formado y siguen formando parte de los tres Poderes del Estado y en sus tres niveles, incluso electorales. Las notarías y las magistraturas locales y federales representan el final feliz, la “joya de la corona” de toda una vida dedicada no al servicio del Estado, sino del mandatario en turno, una vida de “si señor” incondicional e infinita. Las excepciones son los baby-notarios, recientemente los notarios del D F, y la incipiente carrera judicial federal. De los Notarios que conocemos ¿quiénes no fueron funcionarios? Lógicamente, si los recordamos a todos es porque son la excepción. ¿O sí?

Este hecho, de suyo deplorable por la falta de talento que revela, genera como consecuencia la práctica generalizada de la habilidad del chango entre los Abogados, o lo que es lo mismo, LO QUE HACE LA MANO, HACE LA TRAS, pues ¿quién no quisiera ser Notario? No olvidemos que en la conciencia colectiva (lo que todos pensamos aunque no lo decimos por “prudencia”) el Notario es considerado como sinónimo de riqueza con el mínimo esfuerzo, impunidad, poder sin responsabilidad, personaje cotidiano de la página de sociales, evasor de impuestos, tráfico de influencias y buena reputación profesional y personal gratuita (no ganada por méritos propios) ¿a cuántos Notarios recordamos como reconocido Abogado antes de ser Notarios?. O sea que Notario o Magistrado es el espejo en que todos los Abogados se miran, son el “ejemplo a seguir”, ¿cómo?, haciendo lo que hicieron y siguiéndoles la corriente “yes, Sir”, como cualquier mono.

Lo anterior ocasiona a su vez que, desde donde esté, el Abogado trata de “quedar bien” con “el jefe”, el Notario, y aunque atropelle el idioma, la lógica, la historia y al Derecho mismo, se las ingenia para apoyar sus designios, sus sofismas disfrazados de “seguridad jurídica” y “Derecho Notarial”, como en los siguientes casos:

1).- Por principio de cuentas, la expresión “... excepto en tratándose de inmuebles ...” constituye una excepción a la variedad de actividades mercantiles en que puede intervenir el Corredor como fedatario, expresadas en forma enunciativa y no limitativa, conste. ¿Por qué en forma enunciativa y no limitativa?, pues porque las normas mercantiles pueden interpretarse hasta por analogía y mayoría de razón y conforme a la costumbre y los usos comerciales de la plaza, y en caso de duda, resolverá el arbitrio judicial ¿acaso “excepto” no deviene de “excepción”?

2).- No obstante tratarse de una excepción, las diversas instancias judiciales, y administrativas como el Registro Público de la Propiedad, han armado una maraña de sofismas disfrazados de ratio legis interpretando expansivamente la excepción y tornándola en regla, para así eliminar la intervención del Corredor en el otorgamiento de fideicomisos y contratos de crédito con garantía inmobiliaria, violando con ello las máximas aplicables a los casos de excepción (para evitar la casuística):

LA DISPOSICIÓN ESPECIAL PARA UN CASO NO SE HA DE EXTENDER A OTROS.

LA LEY NO SE EXTIENDE A UN ORDEN DE COSAS DIFERENTE AL QUE ELLA REGULA.

LAS EXCEPCIONES NO PUEDEN INDUCIRSE DEL SILENCIO DE LA LEY.

CUANDO LA LEY QUIERE, LO DICE; CUANDO NO QUIERE, CALLA.

LO QUE NO ESTÁ PROHIBIDO SE ENTIENDE PERMITIDO.

Sobre la distinción entre lo principal y lo secundario:

LO MAYOR ARRASTRA O COMPRENDE LO MENOR.

AL QUE LE ES LÍCITO LO MÁS, LE ES LÍCITO LO MENOS.

EN LO QUE ES MÁS ESTÁ COMPRENDIDO SIEMPRE LO QUE ES MENOS.

EN EL TODO ESTÁ CONTENIDA LA PARTE.

LAS COSAS ESPECIALES ESTÁN SIEMPRE COMPRENDIDAS EN LAS GENERALES.

LO ACCESORIO SIGUE LA SUERTE DE LO PRINCIPAL.

Al efecto, es habitual el rechazo de los Instrumentos de Correduría “argumentando” que carecen de validez por tener incluido el contrato de fideicomiso o de crédito (bancario o entre comerciantes particulares) una garantía inmobiliaria. En todo contrato de crédito, sea cual sea la garantía ¿qué es lo principal: el crédito o la garantía?, ¿es o no es aplicable la excepción de mérito, exclusivamente a los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil, en los casos en que un inmueble constituye el objeto central de la operación, como en la enajenación pura y simple? Ergo, a ello debe limitarse la excepción ¿o sí?

A mayor claridad, la misma fracción V del art. 6° en cita, prevé la intervención del Corredor como fedatario en el otorgamiento de contratos de crédito refaccionario, sin distinguir entre los garantizados con inmuebles o no, y en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito está prevista la garantía inmobiliaria en los mismos. Luego entonces, ¿cuál es la razón suficiente para hacer extensiva la excepción, incluso en operaciones expresamente autorizadas por la ley?, ¿acaso el legislador hace leyes para que no sean cumplidas?

3.- En el mismo orden de ideas, otro caso de atentados a la lógica jurídica lo constituye la Jurisprudencia mediante la cual la H. Suprema Corte de Justicia resolvió la controversia respecto de si los Corredores estamos facultados para certificar poderes notariales, decidiendo que no podemos porque se trata de actos civiles y porque no contamos con los mecanismos de control de los notarios, Resolución que genera las siguientes dudas:

¿Cuáles mecanismos de control y conforme a qué ley local del notariado?, conste que la Corte no los cita, sino que sólo los invoca como artículo de fe, como quien invoca al poder divino, dando por hecho que existe sin comprobarlo, y además incurriendo con ello en las super combatidas resoluciones inmotivadas e infundadas, lo que parece paradójico, pero no lo es, como veremos posteriormente.

Pero no es todo, ¿cuál es la diferencia entre un instrumento notarial conteniendo un contrato .........(ponga aquí lo que guste)........ y un poder?, luego, ¿por qué no nos niega la Corte la facultad para certificar copias de instrumentos notariales conteniendo cualesquiera otro contrato, y sí los poderes?, ¿tiene algo que ver, influye en algo el contenido del instrumento notarial, cuando de lo que se trata es únicamente de certificar que la copia es fiel reproducción de su original, previo cotejo entrambos ejemplares?

4.- Por si lo anterior fuera poco, hay juzgadores que niegan el acreditamiento de la personalidad de quienes la fundan en una Póliza constitutiva de sociedad mercantil, aduciendo que tal Instrumento carece de eficacia probatoria para tal efecto, porque contiene la designación de Representante Legal y el otorgamiento de las facultades relativas, lo que estiman improcedente porque tales instituciones pertenecen al Derecho Civil local y no al Derecho Mercantil, a cuyo respecto pregunto: ¿el juzgador aceptaría como idónea una Póliza constitutiva de sociedad mercantil, si careciera del nombramiento de Representante Legal y otorgamiento de facultades?, ¿de qué se trata, de “hacer tablas (o nugatoria)” una facultad expresamente conferida al Corredor Público; de escamotearle en tribunales lo que el legislador le concedió, o de derogar una disposición legal sin así decirlo expresamente y sin emitir otra disposición posterior que contradiga la anterior?; nuevamente pregunto: ¿acaso se hacen leyes para no ser aplicadas?

La precedente parodia de “ratio legis” viola las siguientes máximas jurídicas, relacionadas con las contradicciones aparentes de la ley y los contratos:

LOS CONTRATOS SON POR SU NATURALEZA INDIVISIBLES Y SE INTERPRETAN POR SU CONTEXTO

SE DEBE INTERPRETAR EN SENTIDO DE LA VALIDEZ, NO DE LA NULIDAD

EL CONTRATO SE INTERPRETA COMO TENIENDO INCLUIDO LO QUE ES DE USO Y COSTUMBRE.

LO CLARO NO DEBE SUFRIR POR LO QUE ESTÉ OBSCURO.

5.- Otra más. Algunos juzgadores y autoridades administrativas, niegan validez a las certificaciones de Corredor, invocando como fundamento lo dispuesto en la fracción VII del artículo 69 del CÓDIGO DE COMERCIO, que prohibía a los Corredores expedir copia certificada de constancias que no obraran, en su archivo, o en su libro de registro, disposición hoy derogada conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio de la LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA. Otros hay que, arriesgándose a contraer una hernia cerebral por el esfuerzo, “argumentan” que tales certificaciones violan lo dispuesto en la fracción IV del artículo 20 de la LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, que advierte que a los Corredores está prohibido expedir copias certificadas de constancias que no obren en su archivo o libro de registro, pero lo cierto es que el texto completo comprende la prohibición en 3 casos, a saber: a) la ya expresada; b) no expedirlos íntegramente (copia certificada de las constancias); y c) (expedir copias certificadas) de documentos mercantiles cuando sus originales no les hubieran sido presentados para su cotejo (hipótesis ésta que, interpretada a contrario sensu, tácitamente autoriza la expedición de copias certificadas de documentos cuyo original el Corredor hubiere tenido a la vista).
Es notoria la ignorancia de la ley o malicia al interpretarla, o un curioso champurro de ambas deficiencias al argumentar de tal modo, fundándose en una sola de las hipótesis previstas en el dispositivo invocado, extrapolarla de su contexto, ignorar la segunda y oponerla a la tercera y a lo estatuido en la fracción VI del artículo 15 de la misma Ley, que interpretada a contrario sensu, también faculta al Corredor a expedir copias certificadas de los documentos originales que haya tenido a la vista, razón por la cual dicho “razonamiento” constituye un sofisma, un argumento tramposo para disfrazar que en realidad está oponiendo el derecho contra el derecho para anularlo (sin tener que derogarlo o abrogarlo) y evitar que la ley surta el efecto deseado por el legislador, sofisma ilícito y torpe, pues es de explorado derecho que la ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Amén de que el artículo 38 del REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, expresamente faculta al Corredor a certificar copias de documentos cuyos originales le sean presentados por el interesado.

Tan “sesudos razonamientos” precitados, violan las siguientes máximas jurídicas, relacionadas con la unidad del Derecho:

NO HAY DERECHO CONTRA EL DERECHO.

SI HAY DUDA SE ESTÁ PORQUE SURTA EFECTO LO DICHO.

EN LOS ACTOS Y CONTRATOS SE ESTÁ POR LA EFICACIA ANTES QUE POR LA INEFICACIA.

6.- El artículo 6° de la LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, enuncia en las seis primeras fracciones las funciones que corresponden al Corredor Público, y tan las expresa en forma enunciativa y no limitativa, que la fracción VII previene que al Corredor Público corresponde: las demás funciones que le señalen esta y otras leyes y reglamentos; y más aún, el párrafo final prevé que las anteriores funciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y no se consideran exclusivas de los Corredores Públicos.

No han de alterarse las cosas que siempre tuvieron interpretación cierta. Así reza una de las máximas legadas por el Derecho Romano a que me refiero reiteradamente en este ensayo, como sustento lógico-jurídico-histórico de mis argumentos. Así, el párrafo precedente, sin interpretación alguna que lo altere en su recto sentido, y concatenándolo con lo dispuesto en los artículos 2815, 2829 y 2878, fracción III, del Código Civil, facultan al Corredor Público a constituír asociaciones y sociedades civiles y, partiendo de la máxima de que, quien puede lo más puede lo menos, sostengo que ello autoriza tácitamente al Corredor Público a intervenir en todos y cada uno de los actos ejecutados por dichas entidades, como el nombramiento de su Representante Legal y otorgamiento de las facultades respectivas, dar fe de la realización de sus asambleas, etc. ¿o sí?

Así pués, el que las primeras seis fracciones del citado artículo 6° relacionen la actividad del Corredor Público con la actividad mercantil, ello no significa necesariamente una restricción, sino una actividad privilegiada; tanto así que, como es notorio, la fracción VII y el primer enunciado del último párrafo, dejan abierta la posibilidad para que el Corredor actúe en otros ámbitos jurídicos ¿a poco sí?

7.- “LAS FACULTADES FEDATARIAS DE LOS CORREDORES PÚBLICOS ESTÁN RESTRINGIDAS A LO MERCANTIL”, es la bandera favorita de los ignorantes de la historia del Derecho y de la historia ¿por qué?, porque ignoran o pretenden ignorar que en este mundo se vende desde la justicia hasta la injusticia, incluso la divina ¿o acaso no está consignado en la historia la venta de indulgencias y el derecho de depositar las urnas funerarias en algunos templos religiosos, dizque para “estar más cerca de Dios”? Por mí, que me aparten lugar cerca de las once mil vírgenes, para amenizar la muerte. ¿Sabe alguien de alguna institución de Derecho Civil “creada” en los últimos dos mil años?, ¿sabe alguien cuántas leyes integran el Derecho Mercantil?, ¿sabe alguien cuándo se “creó” la última institución o ley de Derecho Mercantil? Ergo: si el Derecho Mercantil es muchísimo más amplio que el Derecho Civil y éste no ha “crecido” desde los tiempos del Derecho Romano ¿son los Corredores quienes están “restringidos” al Derecho Mercantil, o son los Notarios quienes están “restringidos” al Derecho Civil?

Ahora bien, todas las torpes y retorcidas interpretaciones de las leyes antes consignadas, en su conjunto incurren a su vez en violación de los Principios Generales del Derecho siguientes, relacionados con el sentido de interpretación de las leyes como expresión concreta del Derecho:

SABER LAS LEYES NO ES CONOCER SUS PALABRAS, SINO SU FUERZA Y SU VALOR.

LA EXPOSICIÓN DEL VERDADERO SENTIDO DE LOS TEXTOS LEGALES POR SU LETRA Y ESPÍRITU, ES LA INTERPRETACIÓN.

EL CONTEXTO DE LA LEY ES EL QUE EXPLICA SU PROPÓSITO Y SU ESPÍRITU EN CADA UNA DE SUS DISPOSICIONES.

DONDE LA LEY NO DISTINGUE NO DEBE DISTINGUIRSE.

LA LETRA MATA Y EL ESPÍRITU VIVIFICA.

UNAS LEYES SE INTERPRETAN POR OTRAS.

Igualmente, son violatorias de los siguientes criterios o fuentes para la recta interpretación del Derecho:

LOS ARGUMENTOS A CONTRARIO SENTIDO, SON FUENTE DE LEGÍTIMA INTERPRETACIÓN.

EN DEFECTO DE LEY, Y AUN PARA INTERPRETARLA, SE ACUDE A LA EQUIDAD.

NO DEBEN ALTERARSE LAS COSAS QUE SIEMPRE TUVIERON INTERPRETACIÓN CIERTA.

DONDE HAY LA MISMA RAZÓN DE DERECHO, HAY EL MISMO DERECHO.

EN LOS CASOS DUDOSOS SE HA DE ENTENDER SIEMPRE LO MÁS BENIGNO.

LA BENIGNIDAD ES CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY.

Contestando el ¿por qué? del inciso a) que antecede, ¿cuál es la causa real, verdadera, para que, en primer término los notarios-legisladores “encajaran como cuña” la expresión “excepto en tratándose de inmuebles”?, es la misma causa que, en segundo término, impulsa a los Notarios-juzgadores y Notarios-funcionarios-públicos-en-general y a todos sus émulos (Abogados suspirantes por ser Notarios) a apuntalar con las aberraciones jurídicas precitadas, el absurdo jurídico inicial “excepto en tratándose de inmuebles”: la codicia como parte de la condición humana, como resorte de la voluntad que impulsó a los primeros (Notarios-legisladores) a insertar la frase excepcional, y a los segundos (como corresponde por su calidad de segundones) a secundarla, porque de toda la actividad fedataria mercantil, a la fecha, la inmobiliaria es la más productiva económicamente hablando. No hay más, en el fondo todo es tan vulgar como el dinero, a pesar de los disfraces de “seguridad jurídica”, “Derecho Notarial” y otras picardías.
¿Por qué “picardías”? Porque solo a los pícaros se les ocurre que el nombramiento lleva aparejado conocimiento, como si al “conseguir” yo una licencia de piloto aviador, con un “buen amigo”, fuera suficiente para que pudiera yo pilotear exitosamente un avión. Pues así es como piensan. Creen que cualquier ignorante se vuelve jurisperito al recibir la Patente de Notario y automáticamente pasan a ser “garantes” del Derecho, y que su sola intervención en cualquier asunto le confiere “seguridad jurídica”, como si la seguridad naciera del sello, y lo peor es que así lo cree todo mundo, empezando por los mismos Abogados. Y lo mismo sucede con el sofisma llamado “Derecho Notarial”, que no es más que la suma de disposiciones jurídico-administrativas aplicables al quehacer de los Notarios, sin que tal “Derecho Notarial” aporte valor alguno al Derecho.

c) FACTORES ECONÓMICO-POLÍTICOS Y DE DERECHOS HUMANOS:

Bueno, pues si lo anterior parece escabroso, ahora viene lo más difícil de deglutir. Todos sabemos que cada problema requiere una solución específica, y que a medida que se desarrolla alguno o varios de los factores que integran un problema, hay que variar la solución, pues no hacerlo genera un nuevo problema, y así sucesivamente.

En nuestro México, como en todo ser viviente, sufrimos varias contradicciones generadoras de problemas, a saber:

Por un lado, el rápido crecimiento de la población. Por otro, el lento y disparejo crecimiento de la economía, lo que se traduce en muy pero muy desigual reparto de la riqueza, generando cada vez menos ricos que son cada vez más ricos, y mucho más pobres que son cada vez más pobres. Y por último, la falta de nuevas soluciones jurídicas a los nuevos problemas económicos, emergentes por las causas apuntadas, por incapacidad de la clase política.

Pero no por la omisión del gobierno en ofrecer soluciones, la gente deja de generar sus propias soluciones en todos los órdenes de la vida, economía, salud, instrucción, pues ello equivaldría a suicidarse. Así, al no tener dinero para adquirir los medicamentos alopáticos de marca reconocida, opta por los medicamentos genéricos intercambiables, o los similares, o los remedios caseros o ya de perdida yendo a bailar a Chalma; e igual sucede con quien carece de empleo o recursos para instalar un negocio en toda forma, opta por el comercio informal; y quien no puede realizar sus operaciones mercantiles con las formalidades legales debidas, de cualquier forma las efectúa, con la formalidad a su alcance, como en el caso de la enajenación de inmuebles, que al carecer las partes de recursos para obtener el título de propiedad con las formalidades necesarias para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la sustentan con un simple recibo de dinero manuscrito firmado al calce y con la huella digital del pulgar derecho del vendedor, o con un contrato privado de compraventa suscrito ante testigos o ratificado ante Juez de Paz, o mediante una carta de posesión ejidal, etc., pero en este como en todos los demás casos, como en la compraventa de muebles, maquinaria y equipo, que se hacen con la simple entrega de la factura, cuando la hay, firmada al reverso como si fuera endoso, o en la compraventa de relojes y alhajas, la gente y sobre todo el comercio, no se detiene por falta de formas, y gradualmente la informalidad va superando la formalidad. Y lo peor de todo es que, al no existir estadísticas confiables, desconocemos las verdaderas dimensiones del problema económico nacional.

Como bien dice HERNANDO DE SOTO en su obra “EL MISTERIO DEL CAPITAL”, existe una inmensa riqueza en inmuebles carentes de título de propiedad fehaciente inscrito en el Registro Público, con grave daño para la economía nacional, toda vez que los propietarios no son sujetos de crédito, el comercio no vende lo que podría y el gobierno no capta lo que se generaría por las ventas de inmuebles no formalizadas, y sin embargo tiene que invertir en la dotación de servicios públicos a los centros de población irregulares, sin contar con las secuelas como la no generación de empleos, entre otras.

Pero la gente no formaliza sus operaciones por simple preferencia, no, sino que lo hace así porque la formalización encarece los productos y además es un proceso prolongado y complejo, por lo que el problema a resolver es: ¿qué hacer para formalizar toda la economía que es posible formalizar? Obviamente, la formalización forzosa es, además de imposible por la carencia de recursos del Estado, políticamente impráctica, pues la reacción sería incontrolable.

A mi modo de ver, la solución para reactivar la economía nacional, el consumo interno y promover la estabilidad social está al alcance de la mano y no hay necesidad ni de reformar el Estado, ni de emplear el terrorismo fiscal siquiera. ¿Cómo?

PRIMERO.- Valga la redundancia, primero lo primero, y lo primero es la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Acaso no ha proclamado el gobierno que somos un Estado inmerso en una “aldea global”, un mundo de comercio globalizado, en el que priva la pluralidad, la libre competencia y la competitividad en la producción?, tan lo ha proclamado que sin decir ¡agua va! nos embarcó a todos no en uno sino en múltiples tratados de comercio libre, poniéndonos a competir en condiciones de notoria desigualdad con países mucho más adelantados en ciencia, educación, tecnología y con economía más desarrollada.

Pero, como siempre, candil de la calle y oscuridad en su casa. El gobierno incurre en una grave contradicción entre lo que predica y lo que hace, porque internamente no ha adoptado las medidas pertinentes para hacer realidad la pluralidad, la libre competencia en condiciones de igualdad y la competitividad en la producción. No al menos en el ámbito jurídico relacionado con la economía interna, la que afecta directamente el bolsillo del común de los mexicanos, de los que no tienen para exportar más que su hambre. Pero puede hacerlo, si de verdad quiere hacerlo.

Para empezar y para no seguir violando la prohibición contenida en los Artículos 49 y 101 Constitucionales, debe retirarse a todos los fedatarios públicos (Corredores y Notarios) de todos los cargos públicos, sean de elección o por designación, o en su defecto revocarles la Habilitación o Patente, para evitar que sigan desempeñando y participando simultáneamente en el ejercicio de dos Poderes del Estado, tanto como personas físicas, como integrantes de la corporación profesional a que pertenecen.

Esta medida paulatinamente desintegrará la élite política que actualmente constituye el notariado, sin cuyo peso el gobierno tendrá mayor libertad para adoptar las medidas que expondré más adelante, amén de que se terminaría con la cotidiana violación a los Preceptos Constitucionales invocados. Además, propiciaría que la libre competencia en condiciones de igualdad jurídica entre Corredores y Notarios, y se terminaría con el monopolio que actualmente detenta el notariado como fedatario en el ámbito inmobiliario, habría pues pluralidad de fedatarios, se incrementaría la competitividad en la producción de servicios y éstos serían más eficientes. Se terminaría con la improvisación de Notarios. Y todo ello redundaría en que, siendo ya todos los fedatarios sólo fedatarios, brindarían a su clientela una verdadera seguridad jurídica. Porque a la fecha el único en México que goza hasta el hartazgo de “seguridad jurídica” por no decir impunidad, es el Notario ¿o sí?
SEGUNDO.- Ya sin el lastre del notariado como élite política incrustada en el Poder Legislativo Federal y en los Locales, deben promoverse las modificaciones legislativas pertinentes, para que se puedan volver a titular, como antes del ascenso político del notariado, en documento privado, suscrito ante dos testigos y ratificado ante Juez de Paz, Registro Público de la Propiedad, Corredor o Notario, inmuebles cuyo valor no exceda del importe de cinco mil salarios mínimos, independientemente del lugar de su ubicación y de su extensión. Por cuanto a inmuebles de valor superior al importe de cinco mil salarios, pero menor al de diez mil, que sea opcional seguir el procedimiento antes dicho o mediante el otorgamiento de Póliza ante Corredor o Escritura ante Notario. Y sólo cuando el valor del inmueble rebase el importe de diez mil salarios mínimos, que sea obligatorio otorgar título de propiedad ante fedatario público.

TERCERO.- Debe reformarse la LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA y en lo pertinente su REGLAMENTO, para suprimir la expresión “EXCEPTO EN TRATÁNDOSE DE INMUEBLES”. Esta sola medida terminaría con toda la confusión y precariedad jurídica creada por los Notarios desde el Poder Judicial y otras Instancias de gobierno.

Las propuestas precedentes, en conjunto, generarían la reactivación del tráfico inmobiliario, con los consiguientes ingresos al erario público; tornaría sujetos de crédito a todos los propietarios que habiendo obtenido legalmente un inmueble, carecen de título de propiedad fehaciente inscrito en el Registro Público; se incrementarían las ventas (y la producción y con ello el empleo) a crédito de maquinaria, equipo y mobiliario industrial, de oficina y del hogar; se fortalecería el mercado y el consumo interno de bienes y servicios; se haría realidad el derecho humano a la vivienda digna y debidamente titulada; se garantizaría el derecho al trabajo de los Corredores Públicos; y además se restablecería la confianza y la respetabilidad en las Instituciones y sobre todo en el Poder Judicial Federal, lo que no existe a la fecha, prueba de lo cual es que los Corredores Públicos nos hemos visto obligados a ocurrir en demanda de justicia ante organismos internacionales de derechos humanos, a sabiendas de que, mientras existan Notarios en el Poder Judicial, tendremos perdidas de antemano todas las controversias intergremiales. ¿o sí?

No hacerlo ahora nos llevaría a permitir que siguiera estancada la economía interna, popular, la del diario vivir del pueblo, a la vez que creciendo indefinidamente la riqueza contenida en miles de inmuebles adquiridos legalmente por sus propietarios o poseedores, pero carentes de título fehaciente, por lo que no serán sujetos de crédito; seguirá paralizado el comercio, seguirá el desempleo, seguirá siendo deficitario el erario público al no poder captar ingresos por la venta de tales inmuebles, que al fin y al cabo se hacen con la legalidad al alcance de las partes, algo así como una legalidad “informal” (como el comercio informal) o una “autolegalidad” semejante a la “autoeconomía popular”, seguirán haciéndose leyes aplicables solo al 10 % de la población nacional, en tanto que el restante 90 % optará por la “autolegalidad popular o autoderecho”, y seguirán surgiendo tesis tan descabelladas como la del Licenciado ANDRÉS JIMÉNEZ CRUZ, Notario Público número 178 del D. F., quien en reciente ponencia ante el Senado, propone subrepticiamente que la forma en los actos jurídicos, que actualmente constituyen la excepción, pasen a ser regla, obviamente, otorgables solo ante Notario Público, y digo descabellada porque, siguiendo en el mismo “orden de ideas” hasta el absurdo, no tardará el notariado en negar la existencia del Estado Mexicano, por no haberse otorgado la Constitución en Escritura Pública Notarial. Y son muy capaces, porque aunque los notarios no tienen la razón jurídica, sí tienen el poder político-económico-jurídico para imponer sus sinrazones, como que tienen el control de la Corte.

En conclusión, son muchas las contradicciones que mantienen paralizada la economía popular y desvirtuado el Estado de Derecho en nuestro México; de entre ellas la principal es que existe una potencial riqueza en inmuebles intitulados fehacientemente, y en contraparte un sistema jurídico que encarece la titulación y la torna compleja y dilatada, razón por la que la gente sigue realizando el tráfico inmobiliario, pero de modo legalmente informal, jurídicamente precario, dejando en calidad de inaplicable, ineficaz la normatividad respectiva vigente; y de esta contradicción, el aspecto principal es que, no obstante que de dientes para afuera el gobierno pregona la pluralidad política, la libre competencia en condiciones de igualdad, el libre mercado y la competitividad en la producción de bienes y servicios, lo cierto es que internamente no hace nada por acabar con la élite política que constituye el notariado y que es el gremio que con su poder político-económico, impide realizar los cambios legislativos propuestos, que liberarían las cadenas que ellos han impuesto a la economía interna, al sujetarla a su intervención para su validez y eficacia jurídica.

Consecuentemente, el primer paso es el enunciado primeramente, Notarios a sus notarías o que dejen el campo libre a verdaderos Abogados. O lo que es lo mismo, zapatero a tus zapatos.
Sugiero la lectura de “INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO de EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ; “LA CIUDAD ANTIGUA” de FOUSTEL DE COULANGES y “EL MISTERIO DEL CAPITAL” de HERNANDO DE SOTO, para mejor comprender este ensayo.

Respetuosamente.

Acapulco, Gro., 4 de mayo de 2004.

Lic. Adrián García Fierro.

PROFESIONALIZACIÓN DEL FEDATARIO PÚBLICO. Por: Adrián García Fierro. Socio distinguido del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.

PROFESIONALIZACIÓN DEl FEDATARIO PUBLICO.
Por: Lic. Adrián García Fierro.

Reza el adagio “El que mucho abarca, poco aprieta”, y como todos los adagios o sentencias populares, este también encierra su gran dosis de verdad. Este dicho lo aplicaremos al caso de las dos especies del género fedatario público: Corredores Públicos y Notarios Públicos.

En el caso de los Corredores Públicos, ni en la Ley Federal de Correduría Pública ni en su Reglamento, existe disposición alguna que determine la temporalidad de la Habilitación correspondiente, por lo que se colige que es una designación por tiempo indefinido o vitalicia, y solo puede revocarse por alguna de las causas y conforme al procedimiento previstos en la Ley. Además, la legislación de la materia prevé que los Corredores no puedan, simultáneamente con el ejercicio de la Correduría, desempeñarse como servidores públicos o militares en activo, y que puedan tener ausencias menores a 20 días, exentas de aviso siquiera; para las ausencias mayores a 20 y menores de 90 días, se requiere dar aviso a la Secretaría de Economía, señalando las causas de la separación; y para las ausencias superiores a los 90 días, se requiere Licencia, previa solicitud con expresión de causa y señalamiento del plazo, la cual es renunciable en cualquier tiempo por el Corredor, sin que se expresen límites al número de licencias.

Por su parte, la Ley (Estatal) del Notariado del Estado de Guerrero, estatuye que las funciones de Notario Público son incompatibles con todo empleo, cargo o comisión públicas y con empleos o comisiones de particulares. Igualmente, que el oficio notarial es vitalicio y que de él no podrá destituírse al que lo ejerza, sino en casos y con las formalidades previstas por la Ley. Asimismo, que podrán separarse del ejercicio de sus funciones o ausentarse del lugar de su residencia, en cada trimestre, por quince días sucesivos o alternados o en un semestre por un mes, dando simplemente aviso al Gobierno del Estado; también, que tienen derecho a solicitar al Gobierno del Estado dos licencias en forma consecutiva para separarse de su cargo, ambas por tres años cada una, renunciables en cualquier momento, con la obligación para el Notario, de pedir la segunda licencia con treinta días de anticipación a la fecha del vencimiento de la primera, quedando al arbitrio del Gobernador otorgar o no la segunda. Además, el Notario tiene derecho a que el Estado le otorgue licencia renunciable, por todo el tiempo que dure el desempeño de un cargo de elección popular para el que hubiere sido designado (así dice la Ley, por lapsus o cinismo del legislador).

Asimismo, la Ley del Notariado del Distrito Federal, establece en sus artículos 17, 107 y 109, respectivamente, la incompatibilidad del ejercicio notarial con otras actividades, el derecho a solicitar una licencia hasta por el término de un año, para separarse del cargo y la factibilidad de prolongarse por todo el tiempo que dure el Notario en el desempeño de un cargo de elección popular, y por último, la sanción consistente en dejar sin efecto la patente otorgada, a quien no reanude su desempeño al término de la licencia. ¿Cuántos Notarios hay que llevan más de un año sin ejercer el notariado, por desempeñar cargos públicos por designación en los poderes ejecutivo y judicial local y federal?

Por otra parte, en ambos casos, los fedatarios públicos son sustituídos durante sus ausencias en el ejercicio del cargo, por su suplente, por lo que fedatario con licencia equivale a ciudadano doblemente privilegiado: primero por ser fedatario y segundo porque puede obtener dos ingresos simultáneamente: el que le corresponde al desempeñarse como servidor público durante el plazo de la licencia y lo que obtiene en su oficina de fedatario, merced a la actuación del suplente.

Tal es el caso actual de varios fedatarios públicos que bajo licencia, se desempeñan como Diputados Federales, como Magistrados, como Agentes del Ministerio Público, como Magistrados o Procurador General de Justicia. Y en el pasado reciente y lejano también ha sido así: fedatarios con licencia ejerciendo como legisladores, Procuradores, Presidentes del Consejo Estatal Electoral, Directores del Registro Público de la Propiedad, Directores de Fibazi o simplemente como Directores de fin de temporada en Reglamentos Municipal. A la situación de obtener simultáneamente dos ingresos, el vulgo suele denominarla “mamar a dos tetas”, y hacer como el chivo: “dar de topes y mamar al mismo tiempo”.

¿Es conveniente tal situación?. No, porque la fe pública, sin ser un misterio más del rosario, sí constituye una especialidad en el amplio espectro de las actividades jurídicas, por lo que requiere concentración de esfuerzo y capacidades y actualización profesional constante en quien la ejerce, e intercalarla con otros afanes, como la política y los cargos públicos que ésta genera, mengua la calidad del servicio porque distrae la atención, lo que a la postre ocasiona que el fedatario brinde todo a su clientela, menos seguridad jurídica, que se supone es el bien más preciado y el fin último de la fe pública; además, expone al fedatario a ser catalogado por la sociedad como vulgar “busca chambas”, con el consiguiente desprestigio del oficio. Como es de suponer, los errores profesionales de este tipo de fedatarios públicos no se ventilan en la página de sociales de los diarios, sino en los estrados de los juzgados, sin que pase nada, que para eso estamos en la tierra del “no pasa nada”.

Tampoco es conveniente porque desalienta, desmotiva a los Abogados, los inhibe de capacitarse constantemente, pues está visto que no es la preparación ni el talento lo que se requiere para acceder a la categoría de fedatario público o a los altos cargos públicos, pues tales posiciones siempre están ocupadas por las mismas personas y apartadas para las mismas familias, merced a sus relaciones políticas, constituyendo un verdadero monopolio del poder. Consecuentemente, el nivel de capacidad profesional de los Abogados no es tan uniformemente elevado como es deseable, con la consecuente baja calidad de vida jurídica en la Entidad, que no logra salir de la barbarie jurídica.

¿Es legal tal situación?. No, no lo es, porque al conceder el Estado la fe pública derivada (como depositario que es de la fe pública originaria), en Notarios y Corredores Públicos, con el doble carácter de vitalicia e incompatible con los cargos públicos de elección o designación, se producen los siguientes efectos:

a) Se contraría el espíritu de la ley, específicamente el artículo 10 de la Ley del Notariado y el artículo 3° de la Ley Federal de Correduría Pública, que postulan que el Notario y el Corredor, en su caso, son (o deben ser) Abogados altamente especializados, categoría inalcanzable cuando el fedatario dispersa sus energías en varios frentes o chambas, que además de ser disímbolas entre sí (Director de Reglamentos, Ministerio Público, Presidente del Consejo Estatal Electoral, Procurador, Magistrado, Director de Fibazi, Subdirector de Catastro, Secretario del Ayuntamiento, Diputado, Secretario General de Gobierno, Director de Protur, Oficial Mayor del Congreso Local, etc.) cada uno de los cuales requiere dedicación de tiempo completo. ¿O no?

b) Se impide la libre competencia en igualdad de circunstancias entre Corredores y Notarios, lo que implica corrupción y se propicia la impunidad. Ello es así porque, por razones propias de la condición humana, como son los sentimientos de solidaridad y apoyo entre pares, los fedatarios que al amparo de una licencia desempeñan algún cargo, favorecen a sus colegas, ya sea para agilizar sus trámites o para dejar impunes sus errores, a la vez que obstruír los trámites y sancionar “con todo el peso de la ley” los errores de la competencia. En qué quedamos ¿somos un país “moderno” que apuesta a la libre competencia o seguimos practicando el proteccionismo, el apapacho a los de casa para que sigan engordando a costa del Estado?

c) Se violan los artículos 138, 139 y 140 de la Ley del Notariado (que conceden dos licencias de tres años cada una, como máximo), en los casos de los fedatarios públicos que han desempeñado cargos de elección o designación, durante un lapso mayor al permitido. Si hacemos memoria, veremos que más de un fedatario se encuentra en esta situación, la cual no es redimible por ningún concepto, ni siquiera por licencia extraordinaria que otorgare el Gobernador, porque carece de esta facultad.

Siguiendo el camino por donde vamos (la barbarie jurídica institucional), tarde o temprano se llega al absurdo jurídico, si no es que a situaciones verdaderamente delictivas. Tal es el caso del Magistrado que siendo Notario (oficio vitalicio por disposición legal), bajo licencia ejerce como Magistrado, también con carácter vitalicio, toda vez que, al haber sido ratificado, adquirió la categoría de inamovible (o vitalicio, que para el caso es lo mismo). De modo que teniendo una vida, tiene trabajo para dos vidas, y por virtud de la suplencia, obtiene ingresos como Notario y como Magistrado, o sea, como dos personas o como una persona con doble vida. ¡Qué vida!

d) Se contraría el Principio General de Derecho, consagrado en los Artículos 28, 49, 55, 58, 79, 101 y 125 de nuestra Constitución General de la República, que interpretados los unos a la luz de los otros, prevén que un individuo no desempeñe dos cargos a la vez y/o no devengue dos salarios del erario público simultáneamente. Este Principio se encuentra refrendado tanto en la Ley del Notariado, como en la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento, entre otros cuerpos normativos. Para la aplicación de este Principio no es óbice que en estricto sentido los fedatarios públicos no devenguen dos salarios del erario público, pues lo cierto es que sí devengan un salario del erario público y obtienen otro ingreso merced a la concesión otorgada por el poder público, mísma que se otorgó con carácter vitalicio e incompatible con el desempeño de otra función.

No está de más puntualizar lo que deriva del buen castilla y del sentido común o buen juicio, lo que pudiéramos llamar el espíritu de la ley o la intención del legislador. Se concede el ejercicio de la fe pública, con las particularidades señaladas, buscando que el fedatario haga de ello una profesión o sea su ocupación fundamental y que sea de por vida, para que a lo largo de ella pueda perfeccionar y actualizar constantemente sus conocimientos, para así obtener el fin último deseado: que los fedatarios brinden a sus clientes seguridad jurídica, que por cierto no nace del sello ni de la firma, sino del conocimiento del Derecho, que se presume en todo fedatario público, aunque a las veces esa presunción configura el dicho: “dime de qué presumes, para saber de qué careces”.

Para concluír, mal estaría exponer el problema, si no proponemos la solución. Esta puede darse de tres maneras:

PRIMERA.- Que en cumplimiento estricto de la ley, el Gobernador retire del servicio público a los fedatarios que hayan disfrutado ya sus licencias, y a quienes se hubieren excedido revocarles la patente (¿querrá, podrá, sabrá cómo?).

SEGUNDA.- Ante la omisión contumaz del Gobernador en cumplir y hacer cumplir la ley, a lo que está obligado en términos de lo dispuesto por los Artículos 120, 128 y 133 de la Constitución General de la República, interpretados como parte de un conjunto, los unos a la luz de los otros, conste, corresponde a los postulantes impugnar los instrumentos de los fedatarios públicos que han rebasado los plazos de las licencias señalados, por ya no estar en condición legal de expedirlos. ¿Querremos, podremos, sabremos cómo hacerlo o nos ganará el terror a lo conocido?

TERCERA.- Modificar la Ley del Notariado y la Ley Federal de Correduría Pública, para estatuír que quien obtenga Patente de Notario Público o Habilitación de Corredor Público, no podrá desempeñar ningún cargo público por designación (¿lo permitirán nuestros fedatarios-legisladores?). (Conste que no puede fijarse lo mismo respecto de los cargos de elección popular).

CUARTA.- Para no seguir como una sociedad de hipócritas, tornarnos cínicos y modificar la Ley del Notariado del Estado de Guerrero y la Ley Federal de Correduría Pública y su Reglamento, para estatuír licencias sin límite de tiempo y eliminar el carácter incompatible de las Patentes y Habilitaciones. De esta forma seguiremos como estamos, pero sin simulaciones y sin cargos de conciencia: en la barbarie jurídica institucionalizada. Usted, colega, ¿qué opina?

Acapulco, Gro., a 12 de noviembre del 2001.


LIC. ADRIAN GARCIA FIERRO.

Agradecimiento a la Licenciada Leticia Castro Ortiz, socia distinguida del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.

Mtra. Leticia Castro Ortiz.
P R E S E N T E.

Los temas del orden jurídico que son de interés resultan un manjar de conocimientos para los abogados que buscan la superación diaria, más los temas de actualidad, significan continuar vigentes en el campo del derecho que al igual que todo el mundo evoluciona con constancia en la búsqueda diaria del desarrollo armonioso de la sociedad.
El tema que Usted ha aportado, EL CONVENIO DE MEDIACIÓN, del autor Héctor Hernández Tirado, indudablemente será de interes marcado para los integrantes de nuestro Colegio y visitantes interesados en la búsqueda de nuevos conocimientos jurídicos.
Reciba nuestro mas amplio agradecimiento por dicho texto y su participación.
Atentamente.
Lic. Victoriano Sánchez Carbajal.
Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C.
Fundado el 12 de Julio de 1967.

Convenio de Mediación. Por: Héctor Hernández Tirado.


Capítulo III
La adenda al convenio de mediación

Adenda proviene del latín addenda y significa las cosas que se han de añadir.

En algunas ocasiones, con posterioridad a la firma del convenio, los mediados regresan al Centro de Mediación y Conciliación a manifestar el deseo de añadir al conve- nio deberes de diversa índole generalmente olvidados en el proceso.

En tal supuesto, consideramos pertinente hacer prevale- cer en cualquier tiempo, la libre autodeterminación de las partes para regular adecuada y plenamente su rela- ción o vínculo.

La fórmula encontrada para satisfacer las necesidades de los interesados fue la adenda, a través de la cual los mediados pueden no sólo añadir, sino modificar alguna cláusula del convenio con objeto de alcanzar su fin natu- ral y legal que es el cumplimiento de lo pactado, esto se opera válidamente porque no existe norma que prohiba la modificación, la suma o la adición de compromisos al convenio con posterioridad a su firma.

Pensar que la adenda no es posible ni viable bajo el argumento de que una vez firmado el convenio equivale a una sentencia ejecutoria con fuerza de cosa juzgada, implica realizar un ejercicio intelectual estéril; primero, porque no existe norma que lo prohiba; y segundo, porque sólo por ficción legal el convenio tiene esa equivalencia.

El convenio de mediación no puede ser una emboscada ni trampa para los mediados, porque por encima de dicha ficción legal, el convenio nunca podrá perder el carácter de acto formalmente jurídico y de natulareza moral y ética que corona todo proceso de mediación, en cuyo contenido se traza la solución, la prevención o la minimización de las secuelas de un determinado conflic- to, cuyos efectos habrán de ser tutelados por el derecho dada su fuerza vinculatoria.

Además, si los mediados por el concierto de sus volunta- des, tienen el poder en todo tiempo de dejar sin efecto el propio convenio después de su firma, renunciando incluso a los derechos que resultan disponibles, pueden sin duda mediante la suma, adición o modificación posterior a la firma, transformar sus obligaciones mediante la denominada adenda ya que “el que puede lo más, puede lo menos”.

No hacer o no permitir la adenda al convenio de media- ción, significaría burocratizar el trámite y denegar el ser- vicio que obligadamente debe prestar el Centro de Mediación y Conciliación, dando lugar a las responsabi- lidades administrativas y penales previstas en la ley.

Capítulo IV
La función social del convenio de mediación en el contexto de los derechos humanos


Entre los diversos enfoques de la mediación, encontramos el de la justicia social, donde se predica que tal medio alterno ofrece una buena oportunidad de organizar a los individuos alrededor de intereses comunes creando vínculos y estructuras comunitarias sólidas.

Lo anterior es importante porque cuando nos encontra- mos aislados y distantes de los órganos del Estado, la satisfacción a nuestros intereses y necesidades, es poster- gada por un sinnúmero de instrumentos y estructuras burocráticas de increíble complejidad para el común de la gente.

La mediación ayuda de varias formas a la organización social y al orden comunitario y, además, por su virtud propiciatoria, genera que las personas resuelvan por sí mismas sus problemas y, por ende, se descongestionen los órganos de gobierno.

En efecto, la mediación supone un impulso cualitativo hacia la integración social, ya que al ser incluyente, hace participar de viva voz a todos los involucrados en un conflicto, promueve la comprensión y el reconocimien- to, la tolerancia a las diferentes narrativas de la realidad, defiende la pluralidad y fomenta la libre y responsable toma de decisiones y compromisos, contribuyendo así a la participación democrática constructora de puentes hacia un futuro más humanizado como mejor y mayor garantía del progreso y la paz.

Al respecto, resulta vigente la opinión de Emmanuel Mounier:

Hay progreso para el hombre cuando hay mejora en el hombre, de ser, de felicidad y de justicia. Pero un progreso indefinido del cual todos los hombres de la historia no conociesen los frutos, sería para innumerables generaciones el triunfo de la muerte y de la injusticia.

Antes expresamos que la mediación puede ayudar de varias formas a la organización social y al orden comu- nitario, en mérito a esto, la LIV legislatura del Estado de México, en el año 2003, reformó la Ley Orgánica Municipal de la entidad para dar base legal a la creación de las Oficialías Mediadoras Conciliadoras, dotando a los oficiales de facultades para substanciar procedimien- tos en materia de mediación vecinal, comunitaria, fami- liar, escolar, social o política en su municipio en todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o las autoridades municipales.

Las preguntas en este punto, son:

¿Cuántos Municipios del Estado de México, tienen Oficialías Mediadoras Conciliadoras?

¿Cuántos asuntos en materia social o política han mediado?

¿No se estará desperdiciando un importante instrumen- to de gobernabilidad?

¿Los mediadores conciliadores municipales, pudieron evitar el trascendente caso de San Salvador Atenco?

Por su relevancia, nos parece conveniente transcribir los artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, donde se prevé y regula la mediación y la conci- liación en sede municipal.

Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:


... XXXIX. Expedir el Reglamento de las Oficialías
Mediadoras-Conciliadoras Municipales


Artículo 148.- En cada municipio el ayuntamiento desig- nará, a propuesta del presidente municipal, al menos a un Oficial Calificador con sede en la cabecera municipal y en las poblaciones que el ayuntamiento determine en cada caso, quienes tendrán las atribuciones a las que se refiere el artículo 150.

Asimismo podrá nombrar a los oficiales mediadores-conci- liadores en materia comunitaria que requiera, los cuales durarán en su cargo tres años con posibilidad a ser nom- brados para otros períodos.

La forma de concluir la mediación y la conciliación, será por convenios suscritos o por acuerdo de las oficialías en caso de advertir simulación en el trámite.

Artículo 149.- Las oficialías se dividirán en mediadoras-
conciliadoras y calificadoras.

I. Para ser Oficial Mediador-Conciliador, se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;

b) No haber sido condenado por delito intencional;

c) Ser de reconocida buena conducta y solvencia moral;

d) Tener cuando menos treinta años al día de su designa- ción; y

e) Ser licenciado en Derecho, en Psicología, en Sociología, en Antropología, en Trabajo Social, o en Comunicación y tener acreditados estudios en materia de Mediación.

Artículo 150.- Son facultades y obligaciones de:

I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores:

a) Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo idóneo para el trata- miento del asunto de que se trate;

b) Implementar y substanciar procedimientos de media- ción o conciliación vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales;

c) Cambiar el medio alterno de solución de controversias,
cuando de acuerdo con los participantes resulte conve- niente emplear uno distinto al inicialmente elegido;

d) Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o conciliación;

e) Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellos y autorizados por el Oficial Mediador-Conciliador;

f ) Negar el servicio en las materias que son competencia del Poder Judicial del Estado de México o en donde se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las autori- dades municipales o a terceros;

g) Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de advertir alguna simulación en su trámite;

h) Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en materia de mediación y con- ciliación; y

i) Recibir asesoría del Centro de Mediación y
Conciliación del Poder Judicial del Estado de México.


TRANSITORIO TERCERO.- Mientras los ayuntamientos instalan oficialías mediadoras-conciliadoras, podrán remi- tir al Centro de Mediación y Conciliación del Poder


Judicial del Estado de México los asuntos susceptibles de mediación o conciliación.

Cualesquiera que sean las respuestas a las interrogantes formuladas con anterioridad, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, desde el 11 de diciembre del año 2002, a través del Centro de Mediación y Conciliación, viene cumpliendo su compromiso con la sociedad y para muestra basta un botón, en el apéndice de esta monografía el lector encontrará un convenio que hemos denominado de interés social, mediante el cual demostramos que actualmente es posible la regulariza- ción de la posesión de la tierra de manera pacífica y pronta, sin acudir a la expropiación, al juicio de usuca- pión o a otros engorrosos y onerosos trámites.

Tal convenio de interés social, surgió en un contexto de desorden urbano bien conocido en nuestra entidad.

En el proceso correspondiente, la mediación entre los poseedores y el representante del titular registral, se desa- rrolló en un ambiente de paz, construyéndose un convenio que dio seguridad jurídica a los poseedores de la tierra, al tener por fin en sus manos, un título de propiedad.

El convenio de mediación en comentario, constituye un título de propiedad sui generis, se explica por sí mismo y bastará leerlo cuidadosamente.

No obstante, algunos juristas siguen pensando que el mencionado convenio, no es un título de propiedad, por o que aquí se pregunta:

¿Qué la ley no se hizo para servir al hombre?


¿El acto donde el titular del derecho real reconoce a favor de otro la propiedad, constituye o no un acto de disposi- ción permitido por la ley?

¿El documento auténtico, donde el titular del derecho real hace reconocimiento del dominio inmobiliario a favor de otro, es o no inscribible?

¿Cuál es la disposición legal, argumentos o principios de derecho que prohiben el tratamiento y la fórmula que anteceden?

Es lamentable que algunos juristas en grave perjuicio social e institucional, olviden el juramento universitario que reza:

Protesto solemnemente que al ejercer la profesión de Licenciado en Derecho y al aplicar la ciencia jurídi- ca, tomaré como normas supremas de mi conducta, la justicia y la moral, y prometo bajo mi palabra de honor, vivir honestamente, no dañar a nadie y pro- curar dar a cada quien lo que le corresponde.

Insistimos, con este trabajo pretendemos abrir el debate no cerrarlo.

No obstante, en el supuesto de que conviniéramos que el denominado convenio de mediación de interés social es viable, entonces estaríamos inaugurando juntos una nueva época dentro de los derechos humanos, porque etaríamos reconociendo al ciudadano su derecho, sin cortapisas, a la autocomposición inmobiliaria mediante un convenio de mediación inscribible en el Registro Público de la Propiedad, lo que tendría sustentación en el hecho indiscutible de que la intervención de la autori- dad para decidir los conflictos de los particulares, debe ser lo excepcional, propiciando que sean los mismos interesados quienes de manera pacífica y espontánea solucionen sus diferencias. Tal y como se dejó estableci- do en la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1943.


Capítulo V
La inscripción del convenio de mediación de interés social


De acuerdo a los artículos 8.1 y 8.2 del Código Civil para el Estado de México, mediante el Registro Público de la Propiedad se da publicidad a los actos jurídicos para que surtan efectos contra terceros, y además las inscripciones tienen efectos declarativos y no constitutivos.

Es indiscutible que no todo instrumento es registrable, pero en términos del artículo 8.5 fracción I de la codifi- cación mencionada, son registrables los documentos auténticos y, de manera imperativa, el artículo 8.45 frac- ción I del mismo Código, ordena que en el Registro de la Propiedad se inscribirán los “títulos” por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria o los demás derechos reales sobre inmuebles.

Sólo para calibrar el grado de aproximación del ser con el deber ser, contestemos las siguientes preguntas:


1ª ¿El convenio de mediación es un documento auténtico?


Si aceptamos por auténtico lo cierto y positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello concu- rren, o bien, aquello autorizado o legalizado y que hace


fe pública,23 podemos responder que el convenio de mediación es sin lugar a dudas un documento auténtico sí y sólo si reúne los requisitos del artículo 6.12 del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación, si está autorizado por el director del Centro y si contiene el nombre y firma del mediador quien tiene fe pública en lo relativo a su desempeño.


Por tanto, en tal supuesto, se abre la oportunidad histórica de poner en quinta velocidad los efectos del artículo 8.5 fracción I del Código Civil, donde se establece lo siguiente:

Artículo 8.5.- Sólo se registrarán:


I. Los testimonios de instrumentos notariales u otros documentos auténticos [...]

2ª ¿El convenio de mediación es un título?


Si entendemos por “título”, el documento jurídico en el que se otorga un derecho o se establece una obligación,24 no cabría duda de que el convenio de mediación de inte- rés social, es un título, si ahí se otorga de manera indu- bitable un derecho o se establece una obligación.

3ª ¿Si en el convenio de mediación de interés social, el titular registral declara y reconoce que otro tiene la pose- sión originaria de la cosa, y al mismo tiempo, reconoce a

23 Ibídem.
24 Ídem.


favor de ese otro, el dominio y el derecho real de propiedad sobre la cosa, el título o convenio puede ser inscrito?

Contestamos categóricamente que no puede, debe ser inscrito, si además reúne los requisitos de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, donde se establece que todo documento ins- cribible debe expresar los datos personales de los otor- gantes, los datos relativos a los bienes y derechos inscritos; que tratándose de inmuebles debe expresarse la naturaleza, ubicación, medidas, colindancias y exten- sión territorial, los antecedentes del registro, la clave catastral; y que tratándose de actos mediante los cuales se declare o reconozca la propiedad o posesión de inmuebles, el documento debe contener además, certifi- cado de libertad o existencia de gravámenes sobre el que se declare o reconozca la propiedad o posesión, así como la copia de la manifestación del impuesto de traslado de dominio en las formas aprobadas para tal efecto, y que el documento que se presente para su registro debe estar acompañado de copia legible autorizada por el fedatario ante quien se celebró el acto, para ser agregada al apén- dice respectivo.

En conclusión, sostenemos que el convenio de media- ción de interés social, cuando reúne los requisitos y condiciones anteriormente señalados, constituye un título de propiedad que por el principio de sucumbencia a la norma, debe ser inscrito.

Lo anterior, nos parece trascendente y de gran utilidad social, por cuanto que a través de la mediación, actualmente es posible regularizar un número importante de colonias populares cuyos poseedores carecen de título de propiedad.


Capítulo VI
El papel del convenio de mediación en el juicio de amparo

En el cuerpo de este trabajo, postulamos que el convenio de mediación es el acto formalmente jurídico y de natu- raleza moral y ética que corona todo proceso exitoso de mediación, en cuyo contenido se traza la solución, la prevención o la minimización de las secuelas de un determinado conflicto, cuyos efectos habrán de ser tute- lados por el derecho dada su fuerza vinculatoria, ya que el convenio de mediación representa el conjunto de nor- mas de conducta establecidas por los particulares que lo celebran, mismas que requieren de un fundamento jurí- dico y una justificación axiológica.

De dichos conceptos, claramente se deduce que el conve- nio de mediación no reviste la naturaleza del acto de auto- ridad, pues en el convenio ninguna autoridad declara, reconoce o constituye un derecho, mucho menos hace condena alguna, sino que son los propios mediados quienes en el ámbito de lo legalmente permitido y en ejercicio de sus libertades de contratar y autodeterminarse, llegan a un formal acuerdo para prevenir, solucionar o minimizar las secuelas de un determinado conflicto.

Cuando se incumple el convenio de mediación, procede su ejecución forzada en la vía de apremio, de acuerdo a los artículos 6.15 del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación, y 2.157 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.

Por tanto, si el interesado demanda el amparo contra la resolución judicial que ordena en la vía de apremio la ejecución del convenio:

¿El Director del Centro de Mediación y Conciliación y el Mediador, son autoridades responsables para los efectos del amparo?

Consideramos que no.

En primer lugar, porque durante el proceso de media- ción y la firma del convenio, ni el director ni el mediador emiten resolución vinculatoria alguna; y en segundo lugar, porque el director y el mediador carecen de impe- rio y coercitividad para hacer cumplir el convenio.

Lo afirmado no puede ser de otra manera, porque la ejecu- ción del convenio, en caso de incumplimiento, sólo puede llevarse a cabo en la vía de apremio por y ante el juez que los mediados hayan señalado para esos efectos, o bien, ante el juez del lugar donde se celebró el convenio.


Estimamos ilustrativa la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/286, con número de registro 210747, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 61 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994, Octava Época, que dice:


AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL
AMPARO.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garan- tías se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, debien- do entenderse por tal, no aquella que se encuentra consti- tuida con ese carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públi- cos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública.


Capítulo VII
El rol del abogado patrono en la mediación
y en la firma del convenio de mediación



Consideramos de gran importancia la participación del abogado patrono en el proceso de mediación, pues el jurista práctico, por su formación académica y humanis- ta, se encuentra más cerca del conocimiento claro de los fines del derecho que cualquiera otro profesional.

La mediación es incluyente y, por lo tanto, no sería correcto que los abogados de los mediados fueran excluídos de las sesiones de mediación, ya que si no hay nada que ocultar y si gozan de la confianza de sus clien- tes, no sólo pueden, sino deben estar presentes en cada sesión, sobre todo porque en cada abogado podemos encontrar un garante de la legalidad del proceso de mediación, un supervisor de los principios regentes de la mediación, un consejero y asesor de calidad para que el convenio quede libre de cualquier vicio.

El abogado patrono, no puede perderse la oportunidad de vivir un proceso de mediación, disponiéndose a escu- char y a aportar lo mejor de su conocimiento humanis- ta, pues en la mediación es mejor ser bueno que tener la razón y el propósito es hacer transitar a las personas en conflicto de conductas a actitudes en un ejercicio cons- tante de conciencia y de reflexión, constatando que ningún conflicto es insoluble y que con buena disposición se puede evitar que “la sangre llegue al río”.

Sabemos que a los abogados no les extrañará la invita- ción contenida en este capítulo, pues encontrarán en la mediación la oportunidad de poner en práctica su habi- lidad de negociación y asesoría, teniendo presente que “El espíritu litigioso, se encuentra más a menudo, en la ignorancia, que en el conocimiento del derecho” (Marco Tulio Cicerón).

Además, señores abogados, corramos la carrera juntos, porque la mediación es un derecho de todos, no está prohibida, está expresamente permitida, el artículo 17 Constitucional prohibe hacerse justicia por sí mismo, pero no prohibe la autocomposición, todos los Códigos Civiles del país, regulan el contrato de transacción en el que las partes otorgándose recíprocas concesiones, ter- minan una controversia o previenen una futura.

A través de la mediación oficial, actualmente se puede lograr la obtención de un convenio vinculatorio que constituye un título ejecutivo, como forma de alcanzar de manera real y efectiva justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, siempre y cuando el convenio reúna los requisitos establecidos en el Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación; pero además, contenga los elementos de todo título ejecutivo, es decir, que aparte de la autenticidad de su contenido, en el convenio se consig- ne una obligación que no sea condicional, que sea de plazo cumplido, que sea exigible, que se trate de una can- tidad líquida y que ligue al acreedor con el deudor, quien tiene derecho a exigir su cumplimiento.


Nos parece conveniente recordar la antigua tesis con número de registro 356666, de la desaparecida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con- sultable en la página 89, Semanario Judicial de la Federación LVI, de la Quinta Época, que al texto dice:

TÍTULO EJECUTIVO, NATURALEZA DEL.- El título ejecutivo es siempre una declaración que debe constar, ad solemnitatem, por escrito; de ahí deriva la frecuente confu- sión de título ejecutivo y documento, y es preciso distinguir el significado substancial, del formal del título ejecutivo: el primer significado del título ejecutivo, es la declaración a base de la cual debe tener lugar la ejecución; y el segundo es el documento en el cual se consagra la declaración. El juicio ejecutivo, según Caravantes, “es un procedimiento sumario por el que se trata de llevar a efecto por embargo y venta de bienes, el cobro de créditos que constan por algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, plena probanza”, definición que es, con poca dife- rencia, la misma que nos ofrecen otros autores, expresando que el juicio ejecutivo es “la serie de procedimientos que se establecen para que los acreedores puedan cobrar de sus deudores morosos, sin la dilación y dispendios de un juicio ordinario, aquellos créditos de cuya legitimidad no debe dudarse racionalmente, atendida la naturaleza del docu- mento en que están consignados”, y de modo más completo definen: “el procedimiento breve sumario, para exigir el pago de cantidad líquida y de plazo vencido”. El objeto del juicio ejecutivo no es hacer declaración alguna de derechos, sino hacer efectivos los que se hallen consignados en docu- mentos o en actos que tienen fuerza bastante para consti- tuir, por ellos mismos, prueba plena. De las definiciones de los autores y de los elementos esenciales del juicio ejecutivo, resulta que para la procedencia de este juicio privilegiado, se hace necesario que concurra: I. Certidumbre racional de la verdad del crédito que se reclama, y II. Que ese crédito consista en cantidad líquida de dinero o especies, que pue- dan valuarse en dinero. Para que se llenen estas condicio- nes, esto es, para que la deuda sea cierta y líquida, debe tenerse presente que la deuda es cierta cuando la causa real de su existencia nace de un modo indubitable del título eje- cutivo, y es líquida, cuando está determinada su cuantía, o cuando, como dice el artículo 2189 del Código Civil, puede determinarse dentro del plazo de nueve días. La deuda es exigible, según el artículo 2190 del propio ordenamiento, cuando su pago no puede rehusarse conforme derecho. El título ejecutivo no tiende a declarar derechos, se funda en la presunción, juris tantum, de que esos derechos sean pre- via y solemnemente determinados por las partes, y sólo sirve para obtener su efectividad. Por esto la mayoría de los tratadistas y legisladores sostienen que el juicio ejecutivo no reúne los caracteres de un verdadero juicio, sino de un procedimiento sumario para cobrar un crédito, que consta de modo cierto y auténtico.

Las dos preguntas finales, son las siguientes:


¿Alguien puede sostener que cuando un convenio de mediación reúne todos los elementos y requisitos de un título ejecutivo, no puede dar lugar a la vía de apremio ante el incumplimiento de la obligación que en el mismo
se contiene?


¿No cree que en los Centros de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, se ensayan nue- vas fórmulas para alcanzar justicia de manera verdadera- mente pronta, completa, imparcial y gratuita?

Héctor Hernández Tirado



Conclusión general


En el esfuerzo de iniciar el debate sobre la naturaleza, efectos jurídicos y éticos del convenio de mediación, su elaboración y estructura, su función social en el contex- to de los derechos humanos, su inscripción registral, su papel en el juicio de amparo y el rol del abogado patro- no en la mediación y firma del convenio, no hemos pre- tendido hacer pasar la Mediación como panacea, porque hay que admitir que como toda institución o instrumen- to, la Mediación es un vehículo imperfecto en el que intervienen dos o más personas imperfectas, con un con- flicto perfectamente comprensible, en el que interviene un tercero imperfecto llamado mediador, con el deseo de llegar a un convenio imperfecto para un mundo imper- fecto, todos con el anhelo de que todo, sea lo más perfec- to posible.

Apéndice

CONVENIO DE MEDIACIÓN NÚMERO:
CMCPJ/M/000/000-00

CONVENIO DE MEDIACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ---, DE -- AÑOS DE EDAD, MEXICA- NO, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO ---, CON EL CARÁCTER DE APODERADO DE ---, ALBA- CEA Y CAUSAHABIENTE DE ---, PODER QUE CONS- TA EN LA COPIA CERTIFICADA DEL ---, DE FECHA
---, DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ---; Y POR LA OTRA EL SEÑOR ---, DE --- AÑOS DE EDAD, MEXI- CANO, EMPLEADO, CASADO, CON DOMICILIO EN -
--; EN SU CARÁCTER DE MEDIADOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIO- NES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

1.- Manifiesta el señor ----, que la Sra. --- mediante escri- tura número ---, del ---, del Notario Público ---, adquirió en pleno dominio y propiedad ---, con las medidas y colindancias señaladas en la cláusula cuarta de dicha escritura ---, inscrita bajo el asiento número -- , fojas ---, del libro ---, número --, el día ---, mismas que son la siguientes: al NORTE ---; al ORIENTE ---; al PONIENTE
---; y al PONIENTE ---.


2.- Manifiesta el señor ---, que al fallecimiento de --- se
abrió su sucesión intestamentaria, declarándose en su oportunidad como sus únicas y universales herederas a --
-.

3.- Manifiesta el señor ---, que en fecha ---, la señora --- cedió a favor de ---, los derechos sucesorios que le corres- pondían de la sucesión intestamentaria a bienes de --- de la fracción ---.

4.- Manifiesta el señor ---, que al fallecimiento de ---, se abrió su sucesión intestamentaria, declarándose en su oportunidad como sus únicos y universales herederos a --
---, quienes cedieron sus derechos hereditarios al señor --
--.

5.- Manifiestan los mediados saber que de acuerdo a los artí- culos 178, 179 fracción VI, y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, el Centro de Mediación
y Conciliación es un órgano del Poder Judicial que tiene a su cargo los servicios de mediación y conciliación extrajudicial, debiendo redactar los convenios a que hayan llegado las par- tes a través de la mediación o conciliación, y que los media- dores y conciliadores tienen FE PÚBLICA en todo lo relativo al desempeño de sus funciones.

6.- Manifiestan los mediados saber que conforme al artí- culo 6.14 del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, una vez autorizado el convenio final por el Director del Centro, tiene respecto de los interesados el carácter de sentencia ejecutoria con efectos de cosa juzgada, suscepti- ble de ejecución, en caso de incumplimiento, en la vía de apremio en términos del artículo 2.157, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.

7.- Manifiestan los mediados saber que el artículo 8.5, fracción I, del Código Civil del Estado de México, prevé que sólo se registrarán los testimonios de instrumentos notariales U OTROS DOCUMENTOS AUTÉNTICOS; que el artículo 8.45, fracción I, del mismo ordenamiento legal, establece que en el Registro Público de la Propiedad inmueble se inscribirán los títulos por los cuales se cree, DECLARE, RECONOZCA, adquiera, transmita, modifi- que, limite, grave o extinga el dominio, la posesión origi- naria o los demás derechos reales sobre inmuebles; que de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, se desprende que todo documento inscribible debe expresar los datos per- sonales de los otorgantes, los datos relativos a los bienes y derechos inscritos, que tratándose de inmuebles debe expresarse la naturaleza, ubicación, medidas, colindancias y extensión territorial, los antecedentes del registro, la clave catastral; que tratándose de actos mediante los cua- les se DECLARE o RECONOZCA la propiedad o posesión de inmuebles, el documento debe contener además, certi- ficado de libertad o existencia de gravámenes sobre el que se DECLARE o RECONOZCA la propiedad o posesión, así como la copia de la manifestación del impuesto de traslado de dominio en las formas aprobadas para tal efec- to; y que el documento que se presente para su registro debe estar acompañado de copia legible autorizada por el fedatario ante quien se celebró el acto, para ser agregada al apéndice respectivo.

8.- Manifiestan los mediados que durante el procedimien- to de mediación llevado a cabo en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México de la región de ---; llegaron a una transacción en la que no se TRANSMITEN sino que se DECLARAN o RECONO- CEN los derechos objeto de sus diferencias en términos de lo prescrito en los artículos 7.1164 y 7.1156 del Código Civil para el Estado de México, donde se establece, respec- tivamente, que por la transacción NO SE TRANSMITEN, sino que se DECLARAN o RECONOCEN los derechos que son objeto de las diferencias que sobre ella recae; y que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada.

D E C L A R A C I O N E S

1.- Declaran los mediados que dentro de una fracción de ---, ubicado en el municipio de ----, Estado de México, se encuentra ubicado el lote ---, de la colonia ---, del muni- cipio de ---, Estado de México, clave catastral ---, con superficie de ---metros cuadrados, y las siguientes medi- das y colindancias:

Al Norte: Al Sur:
Al Oriente: Al Poniente:

2.- Declara el señor ---, tener la posesión de dicho lote de terreno desde hace más de cinco años, en las condiciones y con los requisitos legales para usucapirlo, en virtud de haberlo adquirido de buena fe mediante cesión de dere- chos hereditarios de fecha --- otorgada su favor por el señor ---.

3.- Declaran los mediados que para terminar la controver- sia relativa a la tenencia del mencionado lote de terreno, en términos del artículo 2.307 del Código de Procedimientos Civiles, se sometieron al procedimiento de mediación en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México de la región de --
-, en el que llegaron a los acuerdos que se contienen en las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera.- El señor ---, en su carácter de apoderado de ---
y causahabiente de ---, RECONOCE para todos los efec- tos legales que el señor --- desde hace más de cinco años, se encuentra en posesión del lote de terreno precisado en la declaración uno de este convenio en forma pacífica, continua, pública y que dicha posesión la adquirió y disfruta en concepto de propietario de acuerdo al acto jurí- dico indicado en la declaración dos.

Segunda.- El señor ---, en su carácter de apoderado de ---
y causahabiente de ---, RECONOCE para todos los efec- tos legales en favor del señor --- el dominio, la posesión originaria y el derecho real de propiedad, del lote de terre- no precisado en la declaración uno de este convenio.

Tercera.- Convienen los mediados que en virtud de este convenio y en términos de las DECLARACIONES y RECONOCIMIENTOS que en el mismo se contienen, terminan su controversia sobre la tenencia del lote de terreno especificado en la declaración uno.

Cuarta.- Convienen los mediados que este convenio de mediación resulta ser un DOCUMENTO AUTÉNTICO de conformidad con el artículo 8.5, fracción I, del Código Civil para el Estado de México, ya que su redacción estu- vo a cargo del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México de la región de ---, conforme a la atribución que le concede el artículo 179, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, bajo la fe pública del correspondiente Mediador-Conciliador, en términos del artículo 185 de dicha Ley, donde se previene que los mediadores y conci- liadores tienen FE PÚBLICA en todo lo relativo al desem- peño de sus funciones, debiendo firmar junto con los interesados todo acuerdo o convenio.

Quinta.- Convienen los mediados en solicitar y solicitan, al Registrador Público de la Propiedad de ---, Estado de México, la inscripción de este DOCUMENTO en térmi- nos de los artículos 8.5, fracción I, y 8.45, fracción I, del Código Civil del Estado de México; 21, 22 y demás aplica- bles del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, en virtud de que en este documen- to se hace DECLARACIÓN y RECONOCIMIENTO del dominio, de la posesión originaria y de la propiedad del lote de terreno especificado en la declaración uno.

Sexta.- Conviene el señor ---, en liberar al señor --- y a sus poderdantes, de cualquier responsabilidad derivada de las condiciones físicas y legales, actuales y futuras, del lote de terreno mencionado en este convenio, sacándolos a salvo de cualquier trámite administrativo o juicio que se inicie en su contra, asumiendo personalmente las responsabili- dades derivadas de la posesión, propiedad y uso del lote precisado en la declaración uno de este instrumento.

Séptima.- Convienen los mediados que en este convenio y transacción, no existe error, dolo, mala fe, violencia o lesión y que no es su propósito causar perjuicio a terceros, en tanto que de acuerdo al artículo 7.1156 del Código Civil, la eficacia y autoridad de la cosa juzgada sólo surte efectos entre los propios mediados conforme al principio jurídico res inter alios acta.

Octava.- Convienen los mediados que en todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este convenio y transacción, se someten a la jurisdicción del Juez compe- tente de ---, Estado de México.

EL ---, DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6.12, INCISO I), Y 6.13 DEL REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, HACE CONS- TAR QUE REVISÓ EL PRESENTE CONVENIO Y QUE LO AUTORIZA PORQUE EN SU OPINIÓN NO CON- TIENE CLÁUSULAS CONTRARIAS AL DERECHO, A LA MORAL O A LAS BUENAS COSTUMBRES, QUE FUNGIÓ COMO MEDIADOR-CONCILIADOR Y QUE FIRMA AL CALCE JUNTAMENTE CON LOS INTERE- SADOS EN ---, ESTADO DE MÉXICO, A LOS --- DÍAS DEL MES DE --- DEL AÑO DOS MIL ---. DOY FE.


El convenio de mediación


Legislación


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Civil del Estado de México.

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del
Poder Judicial del Estado de México.

Reglamento del Registro Público de la Propiedad.
Héctor Hernández Tirado



Bibliografía

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BOQUÉ TORREMORELL María Carme, Cultura de Mediación y Cambio Social, edit. Gedisa, Barcelona, 2003.
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PLAZA Antonio, El Albúm del Corazón, edit. Factoría Ediciones, México, 1995.
VINYAMATA Eduard, Conflictología: Curso de Resolución de Conflictos, Plaza & Janés Editores, S.A., Barcelona, 2002. SCHOPENHAUER Arthur, El arte de tener siempre la razón, edit. Punto de Lectura, S.A. de C.V., México, 2002.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, IUS 6, México,
2006.

Capítulo II. Elaboración y estructura del Convenio de Mediación. Por: HGéctor Hernández Tirado.


Capítulo II
Elaboración y estructura del convenio de mediación

Durante las sesiones de mediación, se genera abundante y variada información en torno al conflicto, sus elementos, sus orígenes, sus ramificaciones, sus signos manifiestos y sus signos ocultos, por lo que es aconsejable que el media- dor previo aviso a los mediados, tome todas las notas per- tinentes en su bitácora de navegación, decimos previo aviso a los mediados, porque éstos pueden imaginar que el mediador está integrando un acta de lo que ocurre en la sesión y por razones obvias, dicha imaginación puede generar inhibición en los mediados, llevando al fracaso todo el proceso de mediación donde se persigue un cons- tante ejercicio de sinceridad, de veracidad, de conciencia y de reflexión, sin ningún temor, bajo la cobertura de la con- fidencialidad y la oralidad, puesto que dos de los principos de la mediación oficial en nuestra entidad son, precisa- mente, la confidencialidad y la oralidad.

El principio de confidencialidad obliga a no divulgar lo ocurrido dentro de los procesos de mediación, excepto con el consentimiento de la totalidad de los participan- tes involucrados. Esto se previó así teniendo en mente tanto propósitos académicos o pedagógicos en el perío- do de formación de mediadores, como el respeto a la vida privada de los mediados, de manera tal que éstos puedan sin ningún temor conducirse con sinceridad en las sesiones de mediación.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 6.8 del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación, el principio de oralidad trae explícito el deber de dejar sólo constancia escrita en el expediente de la realización de la sesión, pre- cisando hora, lugar, participantes y fecha de la próxima reunión, la que será firmada únicamente por el mediador.

Hemos querido explicar brevemente el entorno de las notas del mediador en su bitácora, pues éstas son tan importantes como importantes son los papeles de trabajo para un contador, el boceto para un pintor o el borra- dor para un escritor.

Así, con base en tan elemental técnica, el mediador puede ir diseñando lo que más tarde dará estructura, base, objetividad y precisión al convenio de mediación, evitándose la vergüenza de preguntar a los mediados inmediatamente antes de la elaboración material del convenio:

¿Perdón, en qué quedaron en tal sesión?
¿Cuánto dijo usted que le daría?
¿En qué fecha dijo usted que entregaría?
¿En qué lugar dijo que cumpliría?
¿Cuánto dijo que pesa y mide?
¿En dónde me dijeron que está?, etc., etc.

Preguntas que evidenciarían la falta de cuidado, atención, seriedad y profesionalismo del mediador, lo que tarde o temprano puede llevar al descrédito, ya que la mediación y sus operadores en sede judicial, deben ser ejemplo de agudeza, oportunidad, eficacia, profesiona- lismo y excelencia, esto si es que entendemos la media- ción como un compromiso en donde está involucrado todo el sistema judicial, la sociedad y su gobierno.

La toma de las notas durante las sesiones de mediación, nunca podrán distraer al mediador ni hacer que se dis- traigan los mediados.

El mediador en su capacitación, aprende a actuar de manera imperceptible, haciendo que los mediados se sientan como lo que son, dueños y protagonistas del pro- ceso, ya que como bien y reiteradamente se ha dicho en la teoría y en los foros de discusión, el mediador es sólo un facilitador de la comunicación, de las conductas, de las actitudes, de los pensamientos, de los sentires, de los intereses y de las necesidades.

El mediador es facilitador también del Derecho, pues el Derecho necesita facilitadores para el cumplimiento de sus fines, de otra manera, en el caso, no se explicaría el contenido del artículo 6.13 del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, que prescribe:

Los convenios sólo serán autorizados en caso de que no contravengan la moral o disposiciones de orden público.

El Director del Centro deberá de asegurarse que los conve- nios no adolezcan de vicios del consentimiento por lo que no podrán autorizarse convenios que no fuesen resultado de las sesiones de mediación o conciliación desarrolladas en el centro.

La disposición transcrita no dispensa al mediador de ser sumamente cuidadoso en la redacción del convenio, donde debe poner en práctica las reglas de la gramática y algunos otros principios básicos, como son:

a. La brevedad b. La concisión c. La prudencia d. La cautela
e. El recato
f. La claridad
g. La objetividad


Lo anterior para evitar la interpretación judicial o extra- judicial, cuidando de no evidenciar en la parte declarati- va del convenio las palabras y conductas vergonzantes, de descrédito o de desprestigio antecedentes del conflic- to, debiendo tener presente que lo escrito, escrito queda, y que todo puede ser causa de un nuevo conflicto de dimensión trasgeneracional.

Es muy importante que el mediador vigile que no tras- cienda al convenio ninguno de los vicios del consenti- miento, porque de acuerdo al artículo 7.52 del Código Civil para el Estado de México El consentimiento no es válido si se sufre lesión, si se da por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe; de ser así, el mediador como tercero facilitador, incurriría en culpa al poner en riesgo la validez y eficacia del convenio, dado que el mediador debe conducirse con buena fe, probidad, honestidad, responsabilidad, lealtad, respeto y justicia, en términos del artículo 4.3 del Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México.

Tengamos presente que el convenio de mediación es judicialmente anulable si el consentimiento sufre alguno de los vicios invocados, y decimos “judicialmente”, por- que en nuestro sistema jurídico no existe la nulidad de pleno Derecho.

La aseveración que antecede, se contiene en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/222, con número de registro 217856, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 67 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 59, noviembre de 1992, que dice:


NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.- Si no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos que ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los casos, y previo el procedimiento for- mal correspondiente.

La estructura de todo convenio de mediación no es una novedad, posee toda la arbitrariedad de los escolásticos, pero es útil porque implica orden y método.

Se recomienda elaborar un ejemplar del convenio para cada uno de los mediados, más uno que deberá conservarse en el expediente de mediación, todos con firmas autógrafas.


La estructura del convenio de mediación, materialmente
es o puede ser la siguiente:


a). Un proemio. Se enuncia de la siguiente manera: “CONVENIO DE MEDIACIÓN: CMCPJ/M/00/00”17

b). Un encabezado. En esta parte se precisa el nombre de los mediados, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y su domicilio, describiendo el documento con el que el apoderado o represen- tante de los interesados acredita su personalidad, y usualmente se inicia de la siguiente forma: “CON- VENIO DE MEDIACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. . .”

c). Declaraciones. En este apartado se hace una relación sucinta de los antecedentes que motivaron el proce- so de mediación, evitando expresar palabras y con- ductas vergonzantes, de descrédito o de desprestigio que puedan tener en el futuro repercusión en la familia, en la institución o en la sociedad.

d). Cláusulas. En esta parte se señalan con toda preci- sión las obligaciones de dar, hacer o tolerar, así como las obligaciones morales convenidas por los media- dos, indicando modo, tiempo, lugar y circunstancias de cumplimiento o ejecución de las estipulaciones, las que representan en nuestra opinión, un verdadero estatuto por el que deberán estar y pasar los mediados en todo tiempo y lugar.

e). Competencia para ejecutar el convenio. En este apar- tado conviene señalar el Juez competente para la ejecución del convenio en caso de incumplimiento.

f ). El lugar y fecha de celebración del convenio. La pre- cisión del lugar donde se celebra el convenio tiene sin lugar a dudas importancia y trascendencia, ya que el artículo 6.13, párrafo segundo, del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, previene que el Director no puede autorizar los convenios que no sean resultado de las sesiones de mediación o conciliación desarrolladas en el Centro.

g). Firma y huella dactilar de los mediados. En caso de que alguno de ellos no supiere firmar, otra persona lo hará a su ruego, haciéndose constar esta circuns- tancia, esto se encuentra a cargo del mediador quien tiene fe pública.

h). Nombre y firma del mediador. Lo que resulta importante porque el mediador con su nombre y firma, corona su trabajo de mediación, da fe y auten- ticidad al convenio y su contenido, ya que el artícu- lo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, establece que el mediador conci- liador tiene fe pública en todo lo relativo a su desem- peño; por lo tanto, en el acto de la subscripción, el mediador deja de serlo y se convierte en fedatario, hecho que no tiene precedente en nuestro país, por lo que en nuestra opinión, esta fe pública, concedida por la Ley citada, representa una importante aporta- ción al principio de seguridad jurídica de los conve- nios de mediación.

i). La certificación del Director. En la última parte del convenio, el Director debe hacer constar que lo revisó y que no contiene cláusulas contrarias al derecho, a la moral o a las buenas costumbres, certificando en su caso, haber sido él quien fungió como mediador conciliador.

La estructura expuesta, fue consagrada a título de “Requisitos del convenio”, en el artículo 6.12 del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México.

El siguiente modelo ilustra la configuración del conve- nio de mediación, elaborado en los ocho Centros de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México:

CONVENIO DE MEDIACIÓN: CMCPJ/M/000/0000

CONVENIO DE MEDIACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SEÑOR - - -, MEXICANO, CASADO, DE 38 AÑOS DE EDAD, CHOFER, CON DOMICILIO EN CALLE - - - NÚMERO - - -, COLO- NIA - - -, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; Y POR LA OTRA PARTE LA SEÑORA - - -, MEXICANA, CASADA, DE 35 AÑOS DE EDAD, EMPLEADA, CON DOMICILIO EN CALLE - - - NÚMERO - - -, COLONIA - - -, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; EN SU CARÁCTER DE MEDIADOS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y


CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

1.- Declaran los mediados que desde hace --- años, se encuentran unidos en matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y que han tenido diversas desave- nencias.

2.- Declaran los mediados que establecieron su domi- cilio conyugal en ---.

3.- Declaran los mediados que son padres de los menores --- de diecisiete, trece y cuatro años de edad, respectivamente.

4.- Declaran los mediados que acudieron voluntaria- mente al CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, a someter sus controversias, situación conyugal y familiar al procedimiento de mediación, dentro del cual han llegado a los acuerdos que se contienen en las siguientes:


C L Á U S U L A S


1.- Convienen los mediados que a partir de la firma del presente convenio se darán otra oportunidad para preservar su matrimonio.

2.- Convienen los mediados en cumplir con sus res- pectivas obligaciones de padres y esposos, prometién- dose atenciones recíprocas para perpetuar la relación matrimonial.

3.- Convienen los mediados en que el señor ---, entregará diariamente a su esposa la cantidad de ---,


a las ocho de la noche, en el domicilio conyugal, que
servirá para sufragar las necesidades alimenticias de la familia.

4.- Conviene el señor --- que está de acuerdo en someterse a psicoterapia en el Centro de Salud “---“ ubicado frente al domicilio conyugal, lo que llevará a cabo a partir del día --- del mes de --- del año en curso.

5.- Los mediados se comprometen a tener comunica- ción con la finalidad de restablecer plenamente todas sus relaciones.

INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Los mediados convienen que en todo lo relativo al cumplimiento e interpretación del presente convenio, se someten a la jurisdicción del Juez competente de su domicilio conyugal.

EL ---, DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDIACIÓN
Y CONCILIACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, HACE CONSTAR QUE REVISÓ EL PRESENTE CONVENIO Y QUE EN SU OPINIÓN NO CONTIENE CLÁUSULAS CONTRA- RIAS AL DERECHO, A LA MORAL O A LAS BUE- NAS COSTUMBRES, POR LO QUE FIRMA AL CALCE JUNTAMENTE CON LOS MEDIADOS Y EL MEDIADOR CONCILIADOR, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS --- DÍAS DEL MES DE --- DEL DOS MIL---.

Como se puede apreciar, el modelo corresponde a un convenio elemental de mediación familiar, donde no se evidencian los elementos internos del conflicto, en tanto que el conflicto, su estructura y sus elementos, así como sus causas y raíces, deben ventilarse solamente en las sesiones orales de mediación, nunca en el convenio, pues ciertas áreas de la vida privada o íntima de los mediados, deben conservarse en el secreto, salvo cuando los media- dos determinen que en el convenio se expresen los ante- cedentes, en cuyo caso deberán asentarse de manera sucinta, como lo establece el artículo 6.12 inciso d) del Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación.

Reiteramos que el modelo arriba mostrado, es sólo un elemental ejemplo de lo dicho, porque en la práctica y de acuerdo al artículo 1.7 del Reglamento citado, en los Centros de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, se producen además convenios en materia penal, civil y mercantil, a condición de que se trate de asuntos susceptibles de transacción, cuyo cono- cimiento está encomendado a los Tribunales del Poder Judicial del estado, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan disposicio- nes de orden público.

Durante nuestra experiencia en el Centro de Mediación y Conciliación, en alguna ocasión ciertos juristas preten- dieron oponerse a la subscripción de un convenio, basa- dos en la inarticulada presunción de que podía afectar los derechos de terceros.

No obstante, las bondades de la mediación se sobrepusieron a la insostenible presunción aludida y al final se firmó no un convenio, sino varias decenas del mismo tipo, y todos sin precedente en el derecho registral patrio, fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad.18

En todo caso, debemos recordar lo siguiente:

Placuit, in omnibis rebuc praecipuam esse iustitiae aequi- tatisque, quam stricti iuris rationem (En todas las causas,
se ha pensado que la razón de justicia y equidad sea pre- ferible a la de derecho estricto).

Salus populi suprema lex esto (El bien del pueblo debe ser la ley suprema).

Alguna vez escuchamos de manera peyorativa a un teó- rico de la mediación que “el Derecho estorba”, creemos que ciertamente estorba y debe seguir estorbando al concierto del mal, a lo que perjudica de manera real y directa a terceros, a menores, a incapaces, a la familia, a la sociedad, a las instituciones, al país y a todo aquél que pretenda introducir un elemento de subversión al bien común.

Aunque debemos decir que el Derecho estorba más en la mente de los abúlicos, quienes olvidándose de su com- promiso institucional y alojados en sus paradigmas, renuncian todos los días a hacer aportes a la paz y al construccionismo social.

Por lo dicho, pensamos que para la elaboración y estructuración del convenio de mediación, se requiere algo más que la técnica y la observancia de los referentes nor-mativos citados.

Por lo que hemos referido en las anteriores líneas, nues- tro respeto y admiración a los que contra viento y marea, luchan sincera y valientemente en el Estado de México y en nuestro país, por establecer la mediación y alcanzar su fruto: la paz.